Las facturas de sus excesos se las cobraremos en mayo de 2010

Lo cobrarán en mayo

El que nueve instituciones bancarias estén detrás de la contratación del préstamo (por $1,870 millones) que pretende hacer el gobierno del Estado no obedece al buen estado de sus finanzas, y si así fuera el reconocimiento no es para la actual administración, sino para la anterior, que fue la que logró las altas calificaciones crediticias que hoy le permiten a Ivonne Ortega Pacheco endeudar al Estado tras una pésima administración de los recursos públicos.

Mucho se le critica al Gobierno Federal por pretender desaparecer tres secretarías, dos de ellas muy ineficientes e innecesarias. ¿Y el Gobierno del Estado? ¿Acaso hay que aplaudir que las dependencias estatales estén groseramente sobregiradas por el explosivo crecimiento de su burocracia?

Definitivamente, estas bofetadas se las sabremos cobrar muchos yucatecos el 16 de mayo de 2010.

Usted, amable lector, tiene la última palabra.

Álvaro Aragón Luna

*Publicado por el Diario de Yucatán el lunes 26 de octubre de 2009.

Luz y Fuerza del Centro, un lastre menos para el país

Palabras Honestas

El domingo 11 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), mismo que entró en vigor el mismo día de su publicación.

Entre los argumentos presentados por el Presidente de la República para emitir tal decreto figuran el mal estado financiero y las abusivas condiciones estipuladas por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el contrato colectivo de trabajo de la paraestatal.

Desde su creación oficial en 1994, LyFC siempre había sido una empresa ineficiente y con pérdidas millonarias. Es preciso recordar que su creación obedeció a intereses electorales de Carlos Salinas de Gortari, quien de esa manera resarció el “agravio” cometido por Luis Echeverría Álvarez en 1975, cuando decretó la liquidación de la en ese entonces privada Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A.

Como titular del contrato colectivo de trabajo siempre figuró el SME, cuyas exigencias eran cada vez más onerosas para las finanzas del país. Una de las condiciones estipuladas en el contrato colectivo era que el sindicato administraría la empresa junto con el Gobierno Federal, lo que en la práctica se traducía en que todas las decisiones que se tomaran en la Junta de Gobierno de LyFC fueran en función de los intereses del sindicato y no en función de los intereses de los usuarios.

Los resultados reportados por LyFC siempre pusieron en evidencia su ineficiencia. De acuerdo con cifras oficiales, de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos sumaron en ese mismo lapso 433,290 millones de pesos. El porcentaje de pérdidas totales de energía de LyFC era casi tres veces superior al porcentaje de pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A junio de 2009 LyFC perdió el 30.6% de la energía generada, mientras que la CFE sólo el 10.9%. En el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecutaba LyFC eran 176% superiores a los costos de las obras ejecutadas por la CFE.

Con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación ya había recomendado que la Secretaría de la Energía y la Secretaría de Hacienda evaluaran la posibilidad de proceder en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual señala que cuando algún organismo descentralizado del Ejecutivo deja de cumplir con sus fines o su funcionamiento ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, propongan al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél.

Y precisamente ese fue el argumento principal esgrimido por el Gobierno Federal, que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro ya no era conveniente para la economía nacional y mucho menos para el interés público, remarcando el contexto de la crisis financiera internacional que nos embarga y que obliga a eliminar gastos excesivos e innecesarios.

En momentos en que la crisis internacional exige que los gobiernos tomen medidas adecuadas que permitan a sus naciones sortear el vendaval, la decisión del Presidente Calderón cobra trascendencia, dado el impacto positivo que generará a largo plazo en las finanzas públicas y en la opinión de sus gobernados.

Si algo prometió Felipe Calderón en su campaña por la Presidencia fue implementar las reformas estructurales que México necesita. El resultado hasta el momento era bastante gris. Ojalá y la extinción de Luz y Fuerza del Centro sea el inicio de una nueva etapa de cambios, cambios que pondrán a prueba la voluntad de ser oposición responsable que recientemente prometió el Revolucionario Institucional.

Usted, amable lector, tiene la última palabra.

Álvaro Aragón Luna

¿Es real la división de poderes en Yucatán?

Doble moral

El artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Yucatán nos dice que el Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entendiéndose que entre ellos no existe subordinación ni sujeción alguna. Lástima que no sea así en la realidad.

Hace unos días fue aprobada por mayoría priista en el Congreso del Estado una solicitud de endeudamiento público por parte del Ejecutivo de 1,870 millones de pesos, a pagarse en un plazo de hasta 25 años.

Muchos argumentos se han oído a favor y en contra de dicha solicitud, mas lo que llama la atención es la velocidad con la que dicha moción fue aprobada: 3 días, los transcurridos entre la fecha en que se recibió y la fecha en que se sometió a votación ante el pleno, sin análisis ni discusión de por medio.

Como puede apreciarse, existe una clara subordinación de una parte importante del congreso local hacia el Ejecutivo del Estado, cuyas iniciativas y solicitudes siempre son aprobadas por la vía del fast track.

No debemos perder de vista dos asuntos importantes:

1.- El Gobierno del Estado jamás habló de frente a la ciudadanía para manifestarle su intención de comprometer los recursos y las participaciones federales de las siguientes administraciones estatales por los próximos 25 años. Jamás. Si hay algo que distingue al gobierno de Ivonne Ortega es su falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Basta recordar la deliberada demora con que fue entregada la relación de beneficiarios del programa Cobijar o las cuentas del concierto de Plácido Domingo en Chichén Itzá.

2.- La solicitud de préstamo enviada por el Ejecutivo al Congreso carece de estudios que justifiquen tamaño endeudamiento. A los diputados se les dijo que era para saldar cuentas heredadas de la administración pasada, para invertir en obra pública y para detonar el desarrollo económico del Estado. ¿Cómo? Nadie sabe. A los medios sin embargo se les dijo otra cosa: que el préstamo obedecía a la falta de recursos para pagar aguinaldos y cuentas pendientes con los proveedores. ¿Sabrá Jorge Carlos Berlín Montero para qué sí se usará el préstamo?

Lo que sí es un hecho, además de la millonaria deuda que pagaremos todos los yucatecos, es la nula fiscalización y vigilancia al Ejecutivo estatal por parte del Congreso del Estado. La mayoría ciudadana que dice ser el PRI le ha dado una sonora bofetada a los yucatecos con la aprobación de este crédito millonario, cuya gravedad radica en el nulo conocimiento que se tiene del destino del mismo.

En declaraciones a una cadena de televisión local, el diputado federal Rolando Zapata Bello afirmaba que su partido, el PRI, no aprobaría en la Cámara de Diputados la propuesta del Gobierno Federal de elevar algunos impuestos y de crear otros nuevos, “porque eso significaría cargarle la mano a los más pobres” y que en cambio, la solicitud de préstamo del Gobierno del Estado no. ¿Y quién pagará esos 1,870 millones de pesos que solicita en préstamo el gobierno de Ivonne Ortega? ¿Acaso no son los mismos contribuyentes a los que hipócritamente el PRI dice no querer perjudicar?

Lo más grave no es la doble moral o el doble discurso de nuestros flamantes diputados federales tricolores. Tampoco lo es el monto del crédito a contratar ni la opacidad en las cuentas del Gobierno del Estado. No, lo más grave es que en Yucatán NO EXISTE UNA AUTÉNTICA DIVISIÓN DE PODERES, porque de existir, hoy no estaríamos lamentando que se haya comprometido el bolsillo de los yucatecos por el próximo cuarto de siglo.

Usted, amable lector, tiene la última palabra.

Álvaro Aragón Luna

*Publicado por La Revista Peninsular el viernes 2 de octubre de 2009.

Mientras la economía nacional se cae, Ivonne Ortega gasta millones en publicitar su imagen

Mejor gastan en imagen

En vez de invertir en obra pública y en fomentar el desarrollo de las zonas marginadas, Ivonne Ortega y Enrique Peña han preferido gastarse millones en publicitar su imagen y en la abultada burocracia de sus administraciones.

Mientras el Gobierno Federal pone el ejemplo de austeridad y compromiso social, el de Yucatán exige más dinero a la Federación bajo amenaza de contraer un millonario empréstito en plena inestabilidad financiera mundial y por si fuera poco, castiga el bolsillo de los yucatecos con un lacerante aumento en las tarifas del transporte público, contraviniendo los acuerdos del Pacto Económico por Yucatán.

¿Dónde quedó el compromiso con los pobres y el corazón que todo comprende? El aumento al pasaje era bola cantada, como lo es también que después de las elecciones de mayo de 2010 vendrán más muestras de abuso del Ejecutivo estatal.

Usted amable lector, tiene la última palabra.

Álvaro Aragón Luna

*Publicado por el Diario de Yucatán el lunes 7 de septiembre de 2009.

El Informe de Gobierno y los caprichitos del PRD

El 1° de Septiembre de 2005 este país escuchó por última vez a un Presidente de la República rendir un mensaje a la nación desde el Palacio de Sán Lázaro. Se trataba del 5° Informe de Gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quezada. Desde entonces nada volvió a ser igual.

Al año siguiente, un grupo de legisladores del Partido de la Revolución Democrática, encolerizados por lo que ellos hasta hoy juzgan como fraude electoral, tomaron por la fuerza la tribuna del Congreso de la Unión e impidieron que el Presidente de la República cumpliera con la solemnidad que exige su investidura una obligación plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Simultáneamente y desde Julio de aquel año, militantes y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador mantenían bloqueadas importantes vialidades de la Ciudad de México como Reforma, así como el Zócalo capitalino.

Esa fue tan sólo la primera parte del berrinche. Luego vendrían más excesos.

El 15 de septiembre, apenas 14 días después de la "hazaña" de bloquear al Presidente en el Congreso, al lidercillo de cuarta de López Obrador se le ocurrió decir que no desalojarían la Plaza de la Constitución y que él encabezaría una ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia en ese sitio, desafiando al Gobierno Federal y a la ceremonia oficial en Palacio Nacional.

A escasas horas de la fecha conmemorativa, el Gobierno Federal anunció que el Presidente de la República se trasladaría al Estado de Guanajuato, concretamente al pueblo de Dolores Hidalgo, en donde tendría lugar la ceremonia oficial del grito de independencia. Y todavía faltaba más.

El 20 de noviembre, el Gobierno Federal determinó cancelar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana. ¿El motivo? López Obrador y sus seguidores mantenían ocupado todavía el Zócalo capitalino y además realizarían ahí una ceremonia paralela a la oficial, en nuevo desafío al Gobierno Federal. Lo mejor estaba por llegar.

A fines de noviembre de aquel agitado año, legisladores del PRD, PT y Convergencia tomaron nuevamente por la fuerza la tribuna del Congreso de la Unión, en esta ocasión para impedir que tomara posesión el "espurio" Presidente Electo Felipe Calderón Hinojosa. De pronto el Canal del Congreso se había convertido en un Big Brother espontáneo, en donde podíamos ver las 24 horas del día como mantenían secuestrada la máxima tribuna del país. Sin embargo, eso no impidió que el Presidente Electo cumpliera con su obligación constitucional de rendir protesta ante el Poder Legislativo Federal, en una accidentada ceremonia realizada el 1° de diciembre.

Meses más tarde, en otro 1° de septiembre pero ahora de 2007, de nueva cuenta estos legisladores (PRD, PT y Convergencia) impidieron que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa cumpliera con la solemnidad que su investidura exige la obligación de rendir su informe de labores.

Precisamente desde esa fecha el PRD junto con sus satélites empezó una nueva cruzada: impulsar una nueva reforma electoral y una modificación al formato del informe presidencial.

Los resultados ya todos los conocemos. Una reforma electoral que prometió mucho, que se nos vendió como la panacea de todos nuestros males y terminó siendo una reforma legal bastante mediocre. En aras de "acabar con el día del Presidente", se ha modificado el formato del informe presidnecial y ahora el Presidente se limita a enviarlo por escrito al Congreso de la Unión, compareciendo únicamente los Secretarios de Estado y demás integrantes de la Administración Pública Federal que nuestros distinguidos legisladores consideren pertinente. El Presidente de la República sí rinde su mensaje político, sólo que en Palacio Nacional y este 2009 en un día distinto al tradicional.

La soberbia, intolerancia, egocentrismo, vanidad y escaso respeto a las instituciones del Estado Mexicano le salió carísimo al PRD y a sus satélites. En las elecciones federales del 5 de julio pasado fueron severamente castigados por la ciudadanía, tanto que hoy en día el Partido Verde Ecologista es la tercera fuerza política en todo el territorio nacional.

Luego de ver las tristes declaraciones y el abominable comportamiento de políticos tales como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monsreal, Jesús Ortega, Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas o Carlos Navarrete, no puedo más que sentirme satisfecho sino es que contento por el resultado obtenido por el PRD, el PT y Convergencia en las pasadas elecciones. Ya era momento de que los ciudadanos les cobraran la factura de sus excesos, de sus abusos y de su terrible soberbia. Ahora habrá que enmendar nuestras ineficaces leyes electorales y el desaseado formato del informe presidencial.

Que nunca más este país y sus instituciones vuelvan a ceder al chantaje de grupúsculos con intereses mezquinos. Que nunca más vuelva a ponerse en riesgo al Estado Mexicano ante la ambición desmedida de gente como Andrés Manuel López Obrador, cuyos caprichitos y berrinchitos le han costado demasiado principalmente al partido del sol azteca. Sería formidable también que los mexicanos nunca olvidemos lo cerca que estuvimos de un estado de caos gracias a las bravuconadas de Fernández Noroña, Carlos Navarrete o el mismo López Obrador.